La activista política y delegada sindical Ana María Martínez fue secuestrada y asesinada por una dictadura cívico-militar en febrero de 1982, dos meses antes de la Guerra de Malvinas, considerada una de las últimas víctimas del terrorismo. Estado, a 40 años de su muerte La comisión, integrada por familiares y amigos, pide que se investigue el papel que pudo haber jugado el actual fiscal general de Mar del Plata, Fabián Fernández Garello, en este hecho..

En ese momento, el funcionario judicial formaba parte de la Dirección de Inteligencia de la Provincia de Buenos Aires (Dippba) con el rol de subinspector, y su nombre aparece en documentos del organismo que ahora administra la Memoria Provincial. Comisiones (CPM). .

Según pudo averiguar el personal de la CPM, estos materiales afirman que el actual Fiscal General de Mar del Plata estuvo realizando espionaje político e infiltración de organizaciones sindicales y de derechos humanos entre 1981 y 1982..

Al momento de su secuestro, Ana María Martínez tenía 31 años y trabajaba en una fábrica de autopartes de la DEA en Vicente López; estaba en su tercer mes de embarazo y era parte del Partido Socialista de los Trabajadores (PST).

El 1 de febrero de 1982, Ana María, nacida en Mar del Plata, fue secuestrada en horas de la noche en la localidad de Villa de Mayo, en el noroeste del Gran Buenos Aires, luego de salir de su casa para realizar una compra.

En la calle fue abordada por un hombre corpulento y rubio que, según vecinos que presenciaron el hecho, la subió a un Ford Falcon.

Siete días después, el 11 de febrero, el cuerpo del militante fue encontrado semienterrado por unos niños que jugaban cerca del Canal Villanueva, en el Dique Luján, en el barrio Escobar.

En 2012, mientras se desarrollaban y continuaban los procesos de lesa humanidad, Carmen Metrovich, cuñada de Ana María, conformó una comisión de familiares y amigos del militante para iniciar una investigación judicial.

Tal como se ha expuesto, el actual Fiscal General Mar del Plata realizó espionaje político e infiltración en organizaciones sindicales y de derechos humanos entre 1981 y 1982.

Carmen y un grupo de compañeros realizaron una investigación en calles de Villa de Mayo durante varios meses, conversando con vecinos y reuniendo pruebas que les permitieron emprender acciones legales para investigar el hecho como un crimen de lesa humanidad.

Con el apoyo del abogado Pablo Llont, la comisión pudo probar que los archivos de la Dippba contenían información sobre vigilancia de inteligencia por parte de Ana María Martínez y otros militantes del PST.

Luego de un largo proceso legal, los represores Jorge Norberto Apa, jefe de inteligencia de Campo de Mayo 201, y Guillermo Raúl Pascual Muñoz, jefe del Estado Mayor (G-1) del Estado Mayor General de los institutos militares que operan en Campo de Mayo, fueron condenado en diciembre de 2018 a cadena perpetua por el Tribunal Oral Federal (TOF) 5 de San Martín.

En esta sentencia, que aún no está firme, Los jueces de paz han dejado vía abierta la investigación sobre el secuestro de militantes por parte de agentes de la Dippby, entre ellos Fernández Garellquien estuvo a principios de los 80 en la delegación San Martín de esta estructura.

Carmen, la histórica impulsora del caso, murió el año pasado, pero sus allegados siguen reclamando justicia por la marcha de agentes de la unidad policial bonaerense, disuelta en 1998.

“Ella fue una gran luchadora y comenzó este camino que estamos tratando de seguir. Queremos que Dippbu avance y aclare el papel que jugó Fernández Garello”.dijo Télam Alfredo Cáceres, docente y también integrante de la comisión Ana María Martínez.

En 2016, la Comisión Provincial por la Memoria presentó una denuncia por el papel jugado por Fernández Garello como agente de inteligencia en el caso de Ana María y también en el secuestro y tortura de tres militantes del Partido Comunista, Jorge Oscar Bulacios, Ernest Ramón Duarte y José . Rolando Seitor, perseguido en 1981.

Fernández Garello fue procesado en una causa seguida de la captura de los tres pistoleros, y en agosto de 2020 la jueza federal de San Martín, Alicia Vence, cerró la investigación del hecho y sometió a juicio oral y público.

También están imputados los exagentes Hugo Tresguerras y Daniel Ríos, integrantes de la brigada terrateniente del terrateniente Guillermo Orstein, Ricardo Coronel y Hugo Cammarot, así como el exjefe de Inteligencia 201 del Ejército Jorge Apa, condenado por otras causas de lesa humanidad.

Un mes después, sin embargo, sobre la base de una intervención extraordinaria II. el senado de lo penal anuló el enjuiciamiento del secretario judicial y ordenó volver a cero la investigación, contra lo cual la comisión provincial de la memoria apeló ante la corte suprema.

En el caso de Ana María Martínez, la Fiscalía y la Fiscalía también solicitaron solicitudes de arresto e investigación de los agentes de Dippba, y las solicitudes mencionan la participación de Fernández Garell en los hechos, pero hasta el momento no ha habido ninguna solicitud. avances significativos en el componente a cargo de Vence.

“La pandemia del coronavirus y los fracasos del caso de los tres militantes han retrasado todo en el caso de Ana María”.recursos cercanos al poder judicial encomendados a este organismo.

En tanto, la legislatura de la provincia de Buenos Aires logró enjuiciar indemne al fiscal de Mar del Plata de los pedidos de libertad presentados al jurado del jurado cuando las audiencias en las que iban a ser analizados fracasaron por falta de quórum en los llamados a apelación.

Incluso El fiscal general bonaerense Julio Conte Grand interviene en más de una ocasión a Fernández Garell.

El entonces fiscal provincial inició expediente disciplinario y luego presentó un informe al jurado cuestionando las alegaciones que motivaron la solicitud de destitución.

“Estamos a la espera de que en los próximos días se forme otro jurado para analizar el caso. Creemos que con todas las denuncias que hubo, Fernández Garello no puede estar en los tribunales. Al menos debería ser suspendido”, agregó. Federico Schmeigel, miembro de la Comisión Provincial por la Memoria, que impulsa el proceso político con un miembro del Ministerio Público porteño, comentó a Télam.