El abogado Guido Croxatto, director nacional del Colegio de Abogados del Estado de Hacienda, aseguró que la deuda que recibió el Fondo Monetario Internacional (FMI) durante la administración del expresidente Mauricio Macri “tiene vicios institucionales y administrativos” y argumentó que la iniciativa oficial de criminalizar esta toma de deuda pública fue una “decisión histórica”.
En una entrevista publicada este domingo por Tiempo Argentino, El abogado representante del Estado Nacional enfatizó la decisión del presidente Albert Fernández de investigar el asunto.
“Por primera vez en la historia, y dada la deuda criminal que ha asumido el gobierno de Macri, hay un presidente que ha tomado una decisión histórica que es crucial en la historia jurídica institucional de Argentina: Mediante decreto, el Presidente autoriza al Ministerio Público para que se convierta en querellante en una causa penal que se tramita en el Juzgado de lo Correccional N° 5”, dijo el abogado.
Croxatto recordó que el expresidente Macri; su exministro de finanzas, Luis Caputo, y dos expresidentes del banco central, Federico Sturzenegger y Guido Sandleris, están siendo investigados por tres delitos: malversación de fondos públicos, malversación de la administración pública e incumplimiento de las obligaciones de los funcionarios públicos en relación con la deuda con el FMI.
“Hay que empezar a criminalizar estos delitos de cuello blanco, que no consideramos delitos, y dejar de atender cárceles con niños pobres que roban batidoras”.guido croxato
“Preguntamos si se cumplieron todos los trámites administrativos y técnicos en el gobierno anterior antes de que se hiciera cargo de las deudas, y la respuesta es no”, subrayó el abogado.
Agregó que esto era “crucial” porque el procedimiento “tiene deficiencias institucionales y administrativas”.
Para el abogado encargado de recabar pruebas en una causa contra funcionarios de Cambiemos involucrados en la aceptación de deudas, “El Decreto 239 firmado por Albert Fernández en abril de 2021 es un documento muy valioso” porque afirma “que la desregulación financiera se enmarcaba en un contexto que facilitaba el endeudamiento y la comisión de gravísimos delitos económicos y financieros”.
“Entonces la deuda con el FMI ya no sería un mero error de cálculo de la política macroeconómica, se convertiría o podría ser un delito asociado al proceso de endeudamiento junto con políticas desreguladoras que desintegraron al Estado”, explicó.
A su juicio, “hay que empezar a criminalizar estos delitos de guante blanco, que no los vemos como delitos, y dejar de atender las cárceles con niños pobres que roban batidoras”.
Finalmente, dijo que la causa estuvo en la instancia de producción de prueba y confió en su desarrollo.