La Unidad Fiscal Federal para las Violaciones a los Derechos Humanos durante el terrorismo de La Plata pidió este lunes cadena perpetua para los represores Miguel Etchecolatz y Julio César Garachic por secuestrar y torturar a siete personas en Arana. un ex centro clandestino, entre ellos el albañil Jorge Julio López y un estudiante secuestrado en un episodio conocido como La Noche de los Lápices, Francisco López Muntaner; y el asesinato de dos de esos rehenes.
Este lunes fue solicitado por el fiscal auxiliar Juan Martín Nogueira, quien argumentó en el juicio que el Tribunal Oral Federal (TOF) N° 1 de La Plata, integrado por Andrés Fabián Basso, José Michelini y Alejandro Esmoris, venía siguiendo desde el 30 de agosto. 2021. , para establecer la responsabilidad de Etchecolatz y el exjefe de Calle La Plata Julio César Garachico por los crímenes de Jorge Julio López, desaparecido en 1976, y seis de sus asociados, la militancia de la unidad de base del barrio Los Hornos.
“La participación de (Miguel) Etchecolatz en los crímenes investigados está bien establecida. Su participación es omnipresente, omnipresente en cada evento de Camps. No era solo un ‘hombre en la mesa’ que ideaba y daba órdenes, sino que participaba en todos los escenarios: atrás, medio”, dijo Nogueira.
“Decimos con orgullo militante que acusaremos nuevamente a Miguel Etchecolatz. Exigiremos cadena perpetua para que se agregue a su currículum genocida”.
para el fiscal, Etchecolatz fue “participante activo del aparato represor, tuvo iniciativa propia, participó en numerosos procedimientos” y creía que “el círculo represivo de Camps debería llamarse círculo represivo de Camps y Etchecolatz, respetando la verdad histórica”.
“Garachico, como jefe ejecutivo del servicio exterior, está acusado de formar parte del aparato represor. Torturó a Patricia Dell Orto, Ambrosio de Marco, Norberto Rodas, Alejandro Sánchez, Francisco López Muntaner, Guillermo Cano y Jorge Julio López y los hábiles asesinatos de Della Orta, Marco y Rodas”, agregó.
En relación a Garachicun representante del ministerio al público enfatizó que él estaba “plenamente involucrado en el mecanismo de represión ilegal”.
“Los hechos aquí examinados pueden ser considerados parte del plan de exterminio contra la población y del plan sistémico contra la población civil, y en ese sentido se incluyen dentro de los crímenes contra los derechos humanos. Son actos de genocidio y crímenes de lesa humanidad”, dijo. agregado. especificado por el Ministerio Público.
Destacó que la persecución al grupo nacional se había traducido en “actos genocidas que buscaban disciplinar a la sociedad para reorganizarla”.
“Fue un genocidio reorganizado y una grave violación de derechos humanos contra la población civil. Toda la sociedad estaba en peligro”.
Nogueira dijo que “según los delitos y agravantes, las penas no dejen lugar para más que cadenas perpetuas”, determinado.
En el caso de EtchecolatzeFiscal exigió el uso de “cadena perpetua como coautor intermediario” utilizando el sistema de poder por homicidios calificados a traición en concurso de dos o más en perjuicio de Norbert Rodas y Alejandro Sánchez, y privación ilegítima de la libertad agravada aún más por doble violencia perseguidos políticamente en perjuicio de Rodas y Sánchez, en competencia real con crímenes contra el derecho de gentes, crímenes de genocidio y crímenes de lesa humanidad”.
Pro Garachico, en tanto pidió “cadena perpetua en coautoría por control funcional de traición a la patria y en concurso de dos o más personas en perjuicio de Patricia Dell Orto, Ambrosio De Marco y Norbert Rodas y privación ilegítima de la libertad para abuso de poder, exacerbado por la violencia y las amenazas en siete ocasiones”.
Nogueira también solicitó que, al momento de la sentencia, se ordene un “registro del área donde operaba la Estancia La Armonía y ahora opera el Regimiento 7” para investigar la posibilidad de que haya cadáveres en fosas comunes en el inmueble.
“Fue un genocidio reorganizado y una grave violación de derechos humanos contra la población civil. Toda la sociedad estaba en peligro”.
“También solicitamos que se envíe copia de la presente sentencia a la Facultad de Bellas Artes, donde estudiaron Patricia Dell Orto y Francisco López Muntaner; colocar una placa o monumento en el área de la unidad base (donde se encontraban las víctimas). activo) con la condición de que su instalación se deba a la corrección de este tribunal”, agregó Nogueira.
examen Continuará el 25 de abril, cuando entrarán en juego los argumentos de la defensa de los acusados.
Las acusaciones comenzaron por última vez el 14 de febrero, con alegatos de la Unión Pro Derechos Humanos, la Secretaría Nacional de Derechos Humanos y el Viceministro de Derechos Humanos de Buenos Aires, en los que acordaron cadena perpetua para dos represores.
Abogada Guadalupe Godoyen nombre de la Unión por los Derechos Humanos, hizo una declaración particularmente emotiva enfatizando el tiempo necesario para iniciar el proceso y nombrando a sobrevivientes que ya habían muerto pero cuyo testimonio fue valioso para identificar a los represores: Adriana Calvo, Cristina Gioglio y Nilda Eloy.
Cuando Godoy nombró a Jorge Julio López, un tenso silencio cayó sobre la sala.
El albañil, desaparecido en dos ocasiones, la última el 16 de septiembre de 2006, fue secuestrado y torturado en Pozo de Arana, y las torturas que allí sufrió forman parte de los delitos objeto de este juicio oral.
En su discurso, la abogada enfatizó que la persecución a los trabajadores por parte de la última dictadura cívico-militar había provocado “algo que suele pasar en las guerras, y esa es la magnitud del daño”, porque, dijo, “los barrios ya no eran lo que Ellos eran.” “La militancia se ha convertido en una mala palabra” y “las redes sociales se han derrumbado”.
Este daño “fue acentuado por la impunidad resultante e implicó cosechar más impunidad en la búsqueda de justicia”, agregó.
Los querellantes del colectivo Justicia Ya también presentaron sus argumentos el 14 de marzo, desde donde exigieron una sanción similar para los imputados.
“Decimos con orgullo militante que acusaremos nuevamente a Miguel Etchecolatz. Exigiremos cadena perpetua que se sumará a su currículum genocida”, dijo la abogada de la magistrada Garia, Pía Garraldo.
La abogada denunció la fragmentación de las causas de lesa humanidad en lo que calificó de “administración de justicia a cuentagotas”, proceso del que dudó que “sea una nueva forma de impunidad”.
Para completar su crítica, Garralda dijo que a junio de 2021 se habían juzgado 1.030 genocidios, “pero dado que en el país había 700 centros clandestinos de detención, nos daría un promedio de casi dos genocidios por centro. es ilógico pensar que el centro funcionó con dos personas”, dijo.