Presidente Alberto Fernández aceptó este jueves la renuncia del embajador en Israel Sergio Urribarrifuentes oficiales informadas.
Urribarri puso a disposición su renuncia tras decisión de la Corte de Apelaciones de Entre Ríos condenado a 8 años de prisión y cadena perpetua en el juicio oral y público por malversación de fondos públicos en los años 2010 a 2015.
Urribarri, también exgobernador de la provincia de Entre Ríos, dijo desde sus redes sociales que la sentencia de primera instancia de este jueves es “Expresión clara de arbitrariedad, injusticia y violación del estado de derecho”en el que esperaba apelar con la “creencia de que tengo razón”, dijo.
jueces José María Chemez, Carolina Castagno and Elvio Garzón Creían que se habían “decomisado” fondos provinciales “con conocimiento” por “interés puramente privado” en referencia a la “campaña para colocar a Urribarri como candidato presidencial” en las elecciones de 2015.
La sentencia de primera instancia de hoy es un claro ejemplo de arbitrariedad, injusticia y estado de derecho. Apelaré con la convicción de que tengo razón. Sin embargo, puse a disposición del Presidente mi renuncia como embajador.
-Sergio Urribarri (@SergioUrribarri) 8 de abril de 2022
En su decisión también señalaron que hubo un “retorno” de empresarios contratados.
La audiencia, que duró más de 12 horas, se desarrolló desde las 8.30 horas en la Sala de la Corte Suprema de Justicia de Entre Ríos en Paraná, pero asistieron de manera virtual Urribarri y su exministro de Cultura y Comunicación Pedro Báez.
Además de Urribarri y Báez, fueron imputadas otras 11 personas, entre familiares, empresarios y exfuncionarios de su gestión.
Desde el pasado 27 de septiembre de 2021 más de 70 testigos y numerosos elementos de prueba en cinco expedientes de tres causas abiertas por conductas incompatibles con la función pública, peculado y fraude a la administración pública.
Aunque eran tres, los fiscales Patricia Yedro, Francisco Ramírez Montrull y Gonzalo Badano Unieron los expedientes porque todos estaban basados en el “uso de fondos públicos para financiar la campaña presidencial” de Urribarri en 2015.
La corte se logró “por el poder de la arbitrariedad, el abuso y el incumplimiento de las garantías constitucionales y con fuerte presión mediática” y sin “racionalidad y objetividad”.Sergio Urribarri
Contratación de empresas para las publicaciones requeridas, para la instalación de una posada de playa en Mar del Plata, para la transmisión de spots promocionales de la Cumbre del Mercosur 2014 y para la publicidad callejera y en diarios y revistas son algunos de los principales casos que la Fiscalía investigó alegados malversación de fondos. .
Los fiscales también pensaron que era “Dirigir publicidad estática a empresas cercanas a Urribarri”y donde los empresarios aceptaban contratos pero tenían que “devolver parte del dinero”.
Los abogados y los acusados alegaron que la investigación y todo el proceso fueron un “persecución política judicial”.
“¿Están conscientes, fiscales, del sufrimiento que han causado con la burla mediática que han estado promoviendo?”, preguntó Urribarri en sus palabras de cierre, subrayando “la avalancha de periodistas obsesionados conmigo y mi familia” antes y durante el juicio.
Además, el exgobernador le aseguró acudió al tribunal “a fuerza de arbitrariedad, abuso e incumplimiento de las garantías constitucionales y con fuerte presión mediática” y sin “racionalidad ni objetividad”.
Los jueces se pronunciaron sobre la sentencia 8 años de prisión real para Urribarri más inhabilitación absoluta vitalicia para cargo público y 180.000 dólares de multa por delitos incompatibles con el ejercicio de la función pública, malversación y fraude a la administración pública.
Pedro Báez, en tanto, fue condenado a seis años y seis meses de prisión, inhabilitación absoluta de por vida y 90.000 dólares de multa por desfalco en concurso ideal con negociaciones incompatibles; y Juan Pablo Aguilera, funcionario del Senado provincial, recibió el mismo veredicto.
En tanto, Gustavo Tamay, empleado provincial, fue condenado a tres años de prisión y multado con $90.000; Gerardo Caruso, empresario; y Corina Cargnel, contadora de una de las empresas.
Aunque la acusación de Cargnel requirió ocho años de prisión, los jueces señalaron que “ella manejaba todo, pero hacía su trabajo como contadora y no era funcionaria”.
Emiliano Giacopuzzi, a su vez, fue condenado a prisión en suspenso, al igual que Luciano Almada; mientras que el empresario Germán Buffa fue condenado a un año y dos meses de prisión.
Por otro lado, fueron absueltos Maximiliano Cena, Alejandro Almada -ambos considerados títeres-, Hugo Céspedes -fallecido durante el juicio-, Gustavo Tórtul y el exministro de Turismo provincial Hugo Marsó.
También ordenaron el secuestro de dos viviendas en la capital, Entre Ríos, con una moto y dos automóviles.