Juan Kassargian, abogado del desaparecido policía bonaerense Arshak Karhanyan, señaló que mientras la ciudad de Buenos Aires “sigue afirmando que los policías no desaparecieron”, sus datos biométricos fueron encontrados en el registro de fácil identificación del gobierno porteño. sistema de identificación de refugiados este martes. Con esta nueva información apoyarán la “juzgamiento de policías y funcionarios de la secretaría de seguridad”.
“La responsabilidad del jefe de Gobierno de Buenos Aires (Horacio Rodríguez Larreta), ya sea por acción u omisión, es más que evidente. Tres años después de la desaparición de Arshak, quienes lo buscaban con datos biométricos destruyeron 70 GB de registros relevantes para la denuncia”, dijo esta mañana un abogado a radio El Destape.
La justicia porteña suspendió este martes el sistema de reconocimiento de rostros de refugiados de la ciudad de Buenos Aires tras un uso ilegal que permitió el acceso a los datos biométricos de millones de personas que no fueron buscadas, incluidos políticos, sociales, sindicales y de derechos humanos de líderes, así como jueces, empresarios y periodistas; entre ellos se encontraban datos de Karhanyan, quien fue visto por última vez el 24 de febrero de 2019 en el barrio de Caballito.
“La responsabilidad del Primer Ministro de Buenos Aires (Horacio Rodríguez Larreta), ya sea por acción u omisión, es más que evidente. Tres años después de la desaparición de Arshak, las mismas personas que lo buscaron con biometría destruyeron 70 GB de registros relevantes para el queja.”Juan Kassargian, abogado de la familia Arshak
Cuando desapareció, Arshak tenía 27 años, estudiaba ingeniería en sistemas informáticos en la Universidad Tecnológica Nacional y trabajaba en la comisaría de Caballito.ubicado en la calle Valle, luego de trabajar durante cuatro años en la zona investigada.
La familia de Arshak y sus abogados han criticado repetidamente las irregularidades en un caso legal que investigó su paradero; Lo principal es que la propia Policía Municipal se encarga de investigar y realizar peritajes.
En ese sentido, Kassargian señaló que si bien hubo irregularidades en la actuación policial, el juez “siguió mirando para otro lado y exigió pruebas que no implicaban una investigación policial”, y el ministro de Seguridad, Marcelo D’Alessandro, “siguió defendiendo a los policía ‘.
Otra de las irregularidades que advirtieron es el presunto error de los peritos de la Policía Municipal, al borrar todo el contenido del teléfono móvil del joven. “Este encubrimiento fue una decisión absolutamente política. Fue encubierto por varios niveles de la jerarquía policial y funcionarios de la ciudad”.dijo el abogado, preguntándose, “¿Qué hipótesis se aplican a esta búsqueda biométrica de Arshak?”
“Yo creo que tiene que ver con la forma en que la policía, el grupo de policías, el problema es que se cubrió políticamente la desaparición”, concluyó el abogado.
La decisión de la justicia porteña de suspender el sistema de reconocimiento facial la tomó Roberto Gallardo, juez en materia contenciosa, administrativa y tributaria, quien también ordenó una serie de medidas de prueba que incluyeron la incautación de computadoras y equipos por parte de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) en el centro de vigilancia de la ciudad en Patricios 1100 en la comuna de Barracas.
En una resolución, Gallardo afirmó haber verificado que el Sistema de Reconocimiento Facial de Refugiados (SRFP) de la CABA había sido utilizado para obtener datos biométricos del presidente Albert Fernández, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y las Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Carlotto, entre muchos otros figuras públicas.
Fuentes judiciales consultadas por Télam han señalado que el sistema de vigilancia del Ministerio de Seguridad de Buenos Aires está facultado para solicitar datos biométricos al Registro Nacional de las Personas (Renaper) en el caso de personas incluidas en la Consulta Nacional de Insurgencia (CoNaRC) que fueron en 2019 unas 35.000 y el mes pasado llegó a las 40.000.
Sin embargo, entre abril de 2019 y marzo de 2022 hubo consultas por biometría de la cartera de valores bonaerenses por 9 millones, cifra que no se corresponde con la cantidad de personas solicitadas por el juzgado o en situación de rebelión. y que por lo tanto aparecen en los registros del CoNaRC.