Controlador del Servicio Federal de Inteligencia (SI), Cristina Caamañopensó que “la gente ve la posibilidad de ser espiada hasta ahora”, pero “todos estamos en peligro” porque “no hay estado de derecho”en referencia al sistema de reconocimiento de rostros de refugiados del gobierno de Buenos Aires, que fue suspendido por la justicia el pasado martes tras conocerse su uso ilegal.
“La gente tiene otros problemas y no encuentran serio el espionaje porque no creen que esto les vaya a pasar a ellos. La gente ve remota la posibilidad de espiar, pero todos estamos en peligro porque no hay un estado de derecho”, dijo Caamaño en declaraciones a Radio 10 este sábado.
El martes pasado, la Justicia bonaerense suspendió un sistema de reconocimiento facial para refugiados del gobierno bonaerense tras descubrir un supuesto uso ilegal que permitía el acceso a datos biométricos a millones de personas ajenas, incluidos líderes políticos. sociales, sindicales y de derechos humanos, así como jueces, empresarios y periodistas.
La decisión la tomó el controvertido juez administrativo y fiscal de la ciudad, Roberto Gallardo, quien también ordenó una serie de medidas de prueba que incluyeron la incautación de computadoras y equipos por parte de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) en el centro de vigilancia de la ciudad ubicado en Patricios al 1100, en el barrio de Barracas.
La interviniente AFI manifestó que al respecto “El espionaje ilegal es parte de su naturaleza. No importa cómo se llamen Por, Cambiemos o Juntos por el Cambio. ellos siempre espían convicto.
“Ya dije que el gobierno de Cambiemos era mafioso por todo lo que hizo con el Servicio Federal de Inteligencia”.Cristina Caamaño
“A pedido del juez, las cámaras están bien usadas y es genial que haya muchas cámaras porque pueden detectar con precisión a los refugiados o en otros casos pueden detectar a las personas que están delinquiendo o pueden usar las cámaras para rastrear una ruta. No. ”, advirtió Caamaño.
Pero lo dejó claro: “Ellos -el makrismo- siempre terminan haciéndolo ilegalmente. Lo que es legal terminará por ilegalizar la ley, porque las cámaras están bien, ya sea cuando lo atrapan en el acto y están a punto de llevarlo ante un juez, o cuando un juez les pide que vean dónde ha estado alguien”.
“Sin embargo, desde que (Mauricio) Macri era el jefe de Gobierno en Buenos Aires, han estado haciendo algo ilegal. “Siempre hacen algo ilegal al principio, que es legal”, dijo.
Caamaño también enfatizó que “la situación de espionaje ilegal contra los propios socios políticos es “muy rara” porque “Entre los espiados están (Gerardo) Morales, (Elisa) Carrió y Patricia Bullrich”.
Cuando Caamaño preguntó por qué los integrantes de Juntos por el Cambio no salían de la zona luego de ser espiados por sus propios compañeros, recordó la frase del expresidente Macri: “Cuando dijo ‘el que quita los pies del plato, desaparece’ era literal. “
“Ya dije que el gobierno de Cambiemos era mafioso por todo lo que hizo con el Servicio Federal de Inteligencia”.el Señaló.
Caamaño pensaba lo mismo en el macrismo “hay que tener grabaciones, grabaciones y escuchar a todos y luego puedes decir eso”.
Al finalizar, la AFI interviniente aseguró que “estamos en un estado de pleno derecho con el presidente Albert Fernández y se respetan todas las garantías”.
En una orden judicial, el juez Gallardo afirmó haber verificado esto sistema de reconocimiento facial fugitivos (SRFP) Ministerio de Seguridad CABA fue Sirve para obtener datos biométricos del presidente Albert Fernández, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y la abuela de Plaza de Mayo Estely Carlottoentre muchas otras figuras públicas.
Fuentes judiciales consultadas por Télam han señalado que el sistema de vigilancia del Ministerio de Seguridad de Buenos Aires está facultado para solicitar datos biométricos al Registro Nacional de las Personas (Renaper) en el caso de personas incluidas en la Consulta Nacional de Insurgencia (CoNaRC) que fueron en 2019 unas 35.000 y el mes pasado llegó a las 40.000.
Sin embargo, entre abril de 2019 y marzo de 2022 hubo consultas por biometría de la cartera de valores bonaerenses por 9 millones, cifra que no se corresponde con la cantidad de personas solicitadas por el juzgado o en situación de rebeldía. y que por lo tanto aparecen en los registros del CoNaRC.