Diputados provinciales del Frente de Todos avanzan en un proyecto de ley para gravar las grandes fortunas y recaudaciones en la provincia de Neuquén. La iniciativa propone la modificación temporal de alícuotas en impuestos y la creación de “aportes solidarios” con los que, por el plazo único de un año, podría recaudar 321 millones de dólares.

Según informó el diputado Mariano Mansilla en un comunicado, estarán alcanzados los supermercados, bancos, empresas petrolera, loterías, casinos, automotores nuevos y toda empresa que facture más de 18 millones de pesos al año. Además se incluye a las grandes estancias, patrimonios superiores a los 100 millones de pesos, constructoras con contratos en la obra pública y empresas de telefonía, cable e internet con clientes en Neuquén.



La propuesta fue denominada como Fondo Solidario y tiene como plazo de vigencia los meses que dure la Emergencia Sanitaria por la pandemia del coronavirus.

Entre los fundamentos se establece que “tendrá como específico objetivo paliar las necesidades materiales que impone sobrellevar la situación de pandemia”. Además indicaron que, pese a reconocer que hay sectores que fueron castigados por la situación internacional, previo al escenario actual fueron parte de un índice de riqueza concentrada y que “se impone con justeza el criterio de exigir una contribución extraordinaria y por única vez para el solvento de las necesidad del conjunto”.

La propuesta establece un paraguas para las pymes y cooperativas de trabajadores con facturaciones anuales inferiores a los 18 millones de pesos.

Entre los gravámenes proponen aumentar un 100% las alícuotas del Impuesto a los Ingresos Brutos establecidas en los incisos b) y c) que corresponden a “diversas actividades con facturación superiores a 8,5 y 27,1 millones de pesos.

Plantean un aporte solidario especial, por única vez, del 5% del valor de la propiedad que se aplicaría “sobre los inmuebles rurales que superen las 10.000 hectáreas. Para personas jurídicas o humanas con patrimonios superiores a los 100 millones de pesos la imposición sería del 3%.

El articulado continúa con otro aporte especial por única vez solicitado a las constructoras con obra pública en la provincia en 2019. Plantean un 5% de los contratos adjudicados.

Finalmente a las empresas que presten servicios de telefonía, televisión o internet se solicita crear un gravamen, por 12 meses, del 2% de su facturación mensual. La misma norma prohíbe trasladarlo a los usuarios.

Un 30% de los fondos recaudados serán trasladados a municipios y comisiones de fomento como aportes no reintegrables. El resto tendrá asignación específica.