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Noticias de Río Negro y Neuquén

Protección de la Victima. Control de los agresores | Mariano Mansilla*

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“El doble femicidio ocurrido en la Localidad norteña de Las Ovejas, conmueve hoy a toda la comunidad neuquina. Frente a estas circunstancias, cabe una reflexión que me aparece urgente a raíz de la insuficiencia de las respuestas por parte de los actores de mayor responsabilidad en este asunto.
Me hago eco de quienes se pronuncian insatisfechos y críticos ante las declaraciones de repudio, los días de duelo, la presencia en el lugar del hecho, entre otras reacciones similares.
Y por la responsabilidad que me toca, creo que es tiempo de asumir un compromiso que imponga un cambio rotundo en las políticas públicas dirigidas a erradicar definitivamente de nuestra vida social el flagelo de la violencia hacia las mujeres.
No alcanza.
Los mecanismos establecidos por las leyes vigentes tendientes a garantizar asistencia a las mujeres víctimas de violencia, tales como la promoción de derechos, campañas publicitarias, líneas telefónicas gratuitas, entre otras, han sufrido un recorte presupuestario que impide el desarrollo eficiente de las mismas.
Asimismo, la política pública de prevención y erradicación de violencia, asi como de proteccion de las víctimas, se ha visto reducida a iniciativas que no preveen la estructura material ni presupuestaria para intervenir de manera concreta en las situaciones de violencia, tratándose solo de un gran cascaron institucional, que funciona solo en su faz discursiva y publicitaria, pero no da respuestas ante la grave situación que viven miles de mujeres en nuestra provincia.
El movimiento de mujeres en la Argentina, y concretamente en nuestra Provincia ha logrado imponer en la agenda pública el debate acerca de la profunda transformación que necesita nuestra sociedad de neto corte machista y patriarcal.
En este sentido se ha logrado la sanción de una serie de leyes nacionales y locales que receptan estas demandas y conceptos robusteciendo el campo de las obligaciones estatales y el contenido de las políticas públicas.
Sin embargo, vale reiterar que lejos de profundizarse, en una provincia donde se radican 24 denuncias por violencia de genero por día, estas políticas públicas se encuentran en un proceso de vaciamiento, al punto tal que peligran de convertirse en panfletos llenos de expresiones de deseos, en el mejor de los casos.
En este contexto, queda manifiesto que el recrudecimiento de la violencia hacia las mujeres, y especialmente hacia quienes efectúan denuncias, es consecuencia de un gravísimo incumplimiento de obligaciones estatales.
El Gobierno de la Provincia a través de sus distintas esferas de actuación, como así también la administración del Poder Judicial debe adoptar medidas urgentes para estar a la altura de sus responsabilidades institucionales, cuyo incumplimiento es en la práctica una condena a muerte.

¿Que está fallando?

Quiero compartir con ustedes las normas precisas sobre medidas cautelares que son el corazón de un sistema de protección de víctimas, para evaluar si en estos casos, se está dando efectivo cumplimiento con las obligaciones que las leyes vigentes imponen:
La ley 2212, modificada y actualizada por la Ley 2785, establece un “RÉGIMEN DE PROTECCIÓN INTEGRAL PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA FAMILIAR”.
Concretamente en su Artículo 25 establece que el juez o agente fiscal, al tomar conocimiento de los hechos que motivan la denuncia puede -a pedido de parte o de oficio y , aún antes de la audiencia que prevé la Ley, adoptar medidas cautelares que tengan como objetivo: lograr el cese de la conducta violenta; prohibir actos de perturbación y/o intimidación; exclusión de hogar; prohibición de acercamiento; otorgar la guarda a un miembro de su grupo familiar cuando la víctima fuera menor; disponer el acompañamiento de la fuerza pública; brindar a quien padece o ejerce violencia familiar asistencia médica o psicosocial; Ordenar la asistencia obligatoria de la persona denunciada a programas reflexivos, educativos o psicosociales tendientes a la modificación de conductas violentas.
Al respecto vale destacar que las medidas cautelares son genéricas; están sujetas a la valoración concreta del caso por parte de la autoridad que intervenga y pueden adoptar las más diversas formas.
En este punto quiero destacar que poco y nada se refiere al control y seguimiento de los sujetos agresores alcanzados por estas medidas; y también destacar que tampoco suele dictarse la prohibición de acercamiento por ejemplo, junto con la obligatoriedad de asistir a programas y/o talleres de reflexión, educativos o psicosociales tendientes a la modificación de conductas violentas.
De modo tal que las MEDIDAS CAUTELARES así consideradas, en nada contribuyen a la resolución del conflicto de fondo; peor aún, lo profundizan dejando expuesta e indefensa a la víctima y/o denunciante.
Así las cosas, hay quienes evalúan y sostienen livianamente que la violencia hacia las mujeres se recrudece a raíz de las denuncias. Entendemos que LA VIOLENCIA RECRUDECE CUANDO EL ESTADO INCUMPLE CON SI OBLIGACIÓN DE PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR, sin adoptar medidas integrales cuando una mujer realiza una denuncia.

¿Y los incumplimientos?

Una vez que se dictan las medidas cautelares, la Ley dispone que sin perjuicio de las responsabilidades civiles o penales que correspondan, el juez debe aplicar alguna de las siguientes sanciones: a) Astreintes según aplicación del artículo 666 bis del Código Civil. b) Arresto hasta cinco (5) días.
Debe destacarse que según las Estadísticas y la información disponible, las sanciones son de exigua aplicación.
Finalmente, el Artículo 32 refiere al Control de eficacia, y establece que el juez debe controlar la eficacia de las medidas y decisiones adoptadas, ya sea a través de la comparecencia de las partes al Tribunal, a través de la Oficina de Violencia y/o mediante la intervención del Equipo Interdisciplinario del Poder Judicial, quienes deben elaborar informes periódicos acerca de la situación.
Este aspecto del procedimiento debe considerarse como de vital importancia para el objeto de la prevención de la violencia y la protección de las víctimas, toda vez que importa la evaluación concreta del caso; es decir, sin control de eficacia de las medidas de prevención no hay política de prevención, sino solo declamación o medidas adoptadas en forma irresponsable.

Proteger a las Victimas. Controlar a los agresores.

No obstante los evidentes incumplimientos en cuanto a los procedimientos y las fallas en la materialización de las obligaciones estatales, es necesario reconocer que la violencia hacia las mujeres lejos de disminuir recrudece con la consecuencia cada vez más escandalosa de víctimas fatales, que a esta altura, deben considerarse crímenes absolutamente evitables que significan responsabilidad estatal.
Claro está que en el estado actual de las cosas, la prevención y erradicación de todas las formas de violencia hacia las mujeres no funciona ni en la dimensión de la contención integral hacia las víctimas, y tampoco en lo relativo al control y seguimiento de los agresores.
Es por ello que consideramos necesario exigir en forma inmediata la dotación de los recursos presupuestarios y recursos humanos en todo orden institucional,- tanto en el ámbito del Poder Judicial, como el Poder Ejecutivo-, y en los niveles estatales Provinciales, Municipales y Comunitarios, para cumplir cabalmente con las obligaciones que imponen las leyes vigentes y que a la fecha significan una omisión en el cumplimiento de deberes estatales a todas luces, inaceptable.
En segundo lugar, consideramos imprescindible incorporar en la legislación vigente una mirada distinta en cuanto al control y seguimiento de los agresores en los casos de violencia hacia las mujeres sometidos a consideración de la justicia.
Los hechos recientes dejan expuestos con suficiente claridad que las medidas cautelares de restricción o prohibición de acercamiento, son claramente insuficientes sin la concurrencia de un estricto seguimiento del cumplimiento de tales medidas. Y ello encuentra su principal razón en el hecho de que la idea de prevención centra toda su atención en la victima, y no en el agresor.
Así las cosas, la mujer víctima de violencia que ha logrado una medida cautelar en su favor, queda sometida a un régimen de vigilancia, que al tiempo que es claramente insuficiente, implica una distorsión de su propia vida cotidiana en desmedro propio.
Frente a estas circunstancias, la prevención y control de los agresores alcanzados por una orden de restricción o prohibición de acercamiento tiene que ser uno de los ejes centrales.
En la práctica significa poner bajo un estricto programa de vigilancia estatal a quien es el sujeto obligado de la medida, que implique entre otras cosas, reportes diarios o semanales ante dependencias policiales, control de movimientos, y al mismo tiempo la concurrencia obligatoria a talleres de reflexión y capacitación, como así también la realización de tareas comunitarias.
Para ello proponemos modificar las leyes vigentes, incorporando un capítulo especial en las Leyes 2212 y 2786, para dotar de nuevos instrumentos de SEGUIMIENTO Y CONTROL de los agresores alcanzados por medidas cautelares de prevención.”
*DIPUTADO MARIANO MANSILLA, FRENTE NEUQUINO. (Foto ilustrativa editor)