La coordinadora del Comité Ejecutivo que lucha contra la trata y explotación de personas revisa la tarea contra un delito que se hizo visible en esta última década.
Por Felipe Deslarmes

Militante desde los 15 años en su Córdoba natal, desde el organismo que hoy encabeza dependiente de la jefatura de Gabinete de Ministros de Nación, Cecilia Merchán refuerza su historia de lucha como defensora de los derechos civiles, y particularmente de problemáticas de género y de pueblos originarios. Fue diputada nacional del bloque Libres del Sur, desde donde apoyó la resolución 125, y participó activamente a favor de la ley de Servicios Audiovisuales.
–¿Cuál es la magnitud del problema de la trata en Latinoamérica en general y en la Argentina en particular?
–Es un delito internacional que maneja la misma cantidad de dinero que la venta de drogas y la de armas. En este caso, es venta de personas. Y en Latinoamérica el problema es bien importante. Hay países que tienen situaciones de tráfico de gente de un país al otro. En México y en países donde el crimen organizado tiene mucho poder, aparece con más claridad; allí hasta hay casos de gente que buscando otro rumbo termina dentro de redes de trata. En la Argentina, la situación es importante y compleja, teniendo en cuenta que, desde 2008 hasta hoy, se rescataron más de 7.200 personas.
–¿Cuáles son las formas más usuales de captura de víctimas para trata en nuestro país?
–La forma más estereotipada de captación de personas para trata es la que se da a través del rapto, de la violencia; pero la mayoría de las veces es a través del engaño. En la trata con fines de explotación sexual, el engaño suele darse a través del engaño amoroso, al que llamamos “enamoramiento”, pero también a través de “castings” o de ofertas laborales. En el caso de la trata con fines de explotación laboral, el engaño se da mayoritariamente con falsas promesas laborales de trabajar en otra provincia, lo que termina aislando absolutamente a la persona o al grupo en condiciones deplorables.
–¿Hay provincias con mayor cantidad de casos identificados?
–Tenemos registrado que la mitad de las víctimas rescatadas son las vinculadas con fines de explotación sexual. En nuestro país, todas las provincias tienen algún grado de explotación, todas. Pero sí ocurre que las provincias del norte argentino suelen ser, en general, lugares donde se captan más mujeres para ser trasladadas al sur; hacia lugares de turismo o regiones petroleras o mineras; es decir, lugares donde hay riqueza y un particular asentamiento nuevo de personas. También hay provincias, como Santiago del Estero, con un gran número de víctimas de trata de explotación laboral por la amplia población rural que es captada para cosechas y trabajos vinculados a la migración golondrina. Pero en todas hay explotación y en todas hay circulación de personas.
–¿De qué forma influye la naturalización de este tipo de prácticas?
–Este delito requiere tres elementos fundamentales: primero, la existencia de una red delictiva, donde un grupo se encargue de la captación, otro del traslado y otro de la explotación; en segundo lugar, requiere de la connivencia de sectores del poder, con influencia en distintos niveles del Estado, en todos los poderes, tal como ocurre con la venta de drogas y de armas. No existiría el crimen organizado si no existiera connivencia. Y en tercer lugar se requiere que la sociedad naturalice el concepto de que las personas pueden ser compradas o vendidas. La naturalización de la prostitución, de la explotación de otras personas debe estar asentada fuertemente para que funcione. Por eso, abordar este delito exige incluso revisar, por ejemplo, para qué estamos las mujeres, para qué los hombres. Hay que trabajar muy profundamente para modificar ese caldo de cultivo que es nuestra propia cultura. La xenofobia y el racismo son argumentos que facilitan esa naturalización. Que una familia considere que alguien, por ser de tal o cuál región o por ser de otro país, puede ser explotada, que interpreten como normal que trabajen de sol a sol en condiciones infrahumanas y que nadie lo cuestione también habla de un problema de la sociedad.
–¿Coincide con Sonia Sánchez (ver nota “Todavía vivimos en un país donde existe la gran industria de la vagina”), que sostiene que un Estado que no pone todo su esfuerzo en la lucha contra la trata es un prostituyente?
–El Estado debe involucrarse en todo sentido, pero por supuesto no es así en la Argentina. En el año 2005, en este país no hablaba nadie del tema de la trata, y ahora actualmente tenemos un avance muy significativo. La visibilización de las luchas logró que tuviéramos en 2008 una ley fuerte contra la trata de personas; y de ahí en adelante, el Estado creó una oficina de rescate de personas damnificadas en ese delito, una oficina de asistencias, fuerzas de seguridad federales y una fiscalía especializadas en el tema. El ministerio de Educación lo incorporó en el programa de educación sexual, se creó el Comité Ejecutivo contra la Trata que ya lleva un año de funcionamiento y que es el que coordino, se vinculó a varios organismos trabajando fuertemente tanto en la persecución del delito como tal como en la perspectiva de la violación de los derechos humanos que implica. Por supuesto que falta muchísimo y que hasta que no se acabe con la trata no se podrá decir que hicimos todo, pero hasta entonces, y en las circunstancias actuales, lo que hemos avanzado en este tiempo es increíble. Obviamente, ocurre que encima tenemos fallos de la Justicia muy cuestionables, como sucedió en Tucumán con el fallo por Marita Verón que dejó libre a todos los integrantes de la red. Sin embargo, incluso ahí, ese fallo vergonzoso fue repudiado por el conjunto de la sociedad, por el conjunto de los bloques políticos del Congreso, por el Estado Nacional. Implicó que se revisara el fallo y se rediscutiera la ley a favor de las víctimas. Se está haciendo muchísimo, y por lo tanto, no podemos hablar de ninguna manera de “Estado prostituyente”. Sí sucede que, en distintos niveles, como ocurrió en la Justicia tucumana, por omisión o por acción, hay connivencia con la cuestión.
–Evidentemente, generar visibilidad, conciencia, como en ese caso, genera presión para que se haga Justicia…
–Totalmente. Por supuesto que tenemos que tener políticas claras de persecución del delito, de investigación del delito, y que las hay en las fiscalías especializadas; pero si no logramos que toda la sociedad se involucre, si la sociedad no abre los ojos, todo se naturaliza facilitando que las cosas sigan. Por eso se creó el 145 como teléfono gratuito y anónimo donde una persona que sabe de la existencia de un prostíbulo o considera que hay casos de explotación en un taller clandestino, puede denunciarlo. Visibilizar debe ser parte de la política pública, como debe ser parte de la política mediática, de la política de los sindicatos y de todas las organizaciones. En el tema mediático hay que valorar el decreto presidencial que prohibió la oferta sexual en clasificados.
–Respecto de la visibilización como una toma de conciencia, ¿qué lugar tienen los medios cuando un programa televisivo propone a la mujer como objeto?
–Justamente, no solamente logramos en estos años visibilizar esa voluntad de convertir en objeto a la mujer, sino también que impulsamos una ley contra la violencia de género que tiene un capítulo donde habla de la violencia hacia las mujeres en los medios de comunicación. Creo que hay que hacer valer estas leyes en toda su magnitud. La información que brindan los medios de comunicación, tanto en los programas recreativos como el de Tinelli como en otros también tremendos como cuando se habla de femicidio, de desaparición de jóvenes, de mujeres, y donde también se vuelve a poner el eje en la persona que está siendo víctima de algún delito. Según algunas coberturas, parece que si le gustaba estar con varios chicos, si le gustaba la fiesta merecía ser asesinada o desaparecida. Claro que tenemos que revertir esto, y creo que avanzamos mucho no sólo a nivel legislativo sino también en organizaciones para trabajar con los medios de comunicación, pero falta mucho. A veces prendo la tele y me digo cómo con todas las campañas que hacemos, con el tiempo en las escuelas, en los pueblos, en las ciudades, en cursos virtuales, en todos lados, prendemos la tele y vemos las barbaridades que suceden a nivel simbólico. Pero creo que es algo que hay que hablar, denunciar y saber que contamos con estas leyes que nos amparan.
–Se ven whiskerías en todas las rutas. ¿Cuánta colaboración u obstaculización reciben de los gobernadores, intendentes, concejales, en cada provincia?
–Respecto de lo prostibulario, en muchas provincias empieza a trabajarse en los cierres de los prostíbulos. La legislación nacional, desde hace más de 100 años indica que en la Argentina no está prohibido ejercer la prostitución de ninguna manera, ni perseguir a las personas que están en situación de prostitución. Pero sí está prohibido comprar o vender, usufructuar la prostitución ajena, el proxenetismo, la venta de otra persona. Los prostíbulos son el lugar y el sistema justo para esa explotación. En general, siempre gozaron de buena salud durante todo este tiempo. En estos últimos años se impulsó fuertemente el cierre real de los prostíbulos; algo que me parece muy interesante y acorde a la política nacional, pero creo que hay que acompañarlo con otras políticas como redes de contención de las víctimas, de programas de reinserción de esas personas. Hay que acompañar esas políticas con la persecución de la clandestinidad, de lo que llaman “privados”, no sea que después funcionen de otro modo, incluso más sofisticado. La complejidad de cada provincia es muy alta. Cada una tiene una realidad, una lógica diferente. Algunas provincias vienen trabajando muy bien, pero algunas con mucho más déficit.
–¿Cómo se reintegran las víctimas de trata una vez liberadas?
–Esa es una tarea bien compleja, donde estamos centrando muchas acciones. Hablamos de personas violentadas de la peor manera, que vivieron situaciones de esclavitud con todas las formas de violencia: sexual, laboral, física, psicológica, simbólica, económica. Todas las formas de violencia atravesaron el cuerpo de estas personas. Por lo tanto, hace falta volver a elaborar un proyecto de vida y tener una idea de hacia dónde quiere ir esa persona. Es un trabajo muy complejo para el Estado y principalmente para esa víctima.
–¿Cómo se los protege de los reclutadores que generalmente están en círculos cercanos?
–Hay un programa de protección de testigos que funciona con una rigurosidad muy importante. Y buscamos la mayor cantidad de garantías de derechos reforzando justamente todas las herramientas necesarias para que esa persona se fortalezca y no vuelva a caer en una red. Es sumamente complejo, pero hay que hacerlo. Y también hay que avanzar en revisar los procesos judiciales, porque a veces es el hermano, el primo o el marido el que efectivamente la involucró en una red de tratas.
–¿Cómo están trabajando el vínculo judicial?
–Dentro de la Justicia se viene trabajando fundamentalmente a través de la fiscalía especializada (Protex) que lleva adelante capacitaciones. También en la Corte Suprema de Justicia se capacitó a jueces particularmente en la perspectiva de género y específicamente en el tema de trata. Siempre falta, y sabemos que la Justicia es un poder que no fue democratizado en todos estos años de democracia, un hueso muy duro de roer. Sin embargo, a partir de las leyes y de estas capacitaciones, hubo avances importantes.

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