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Noticias de Río Negro y Neuquén

“La elección en las comisiones de fomento fue desnaturalizada” por Pedro Pesatti

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Todos sabemos que la denominada materia electoral -en el contexto del orden jurídico de la Nación- es de orden público. Nuestra provincia también lo entendió de esta manera al dictar la ley electoral 2431. Pero desde luego que esta naturaleza que le reconocemos a la materia electoral es producto de la construcción realizada por la doctrina jurídica –entre otras ciencias- y que el legislador indudablemente recepciona en el acto de sancionar las normas.

En tal sentido es conveniente explicar que en razón de ese orden público, dicha materia, comprensiva de todo proceso que implique un llamado al elector a emitir su voto y a ejercer sus derechos, no puede ser convenida entre partes –y muchos menos reglamentada por decreto- de manera tal que se desconozcan los principios y reglas que la inspiran.

Rige también, en esta materia, el principio de razonabilidad -derivado de los artículos 28º y 33º de la Constitución Nacional- que implica en nuestro sistema constitucional la exclusión de toda arbitrariedad o irrazonabilidad en el ejercicio de las prerrogativas de los poderes públicos. En otras palabras: existe un estándar jurídico que obliga a dar a la ley y a los actos estatales derivados de ella, un contenido razonable, justo y valioso. Estos conceptos –vale la digresión- están íntimamente vinculados con nuestra experiencia histórica, plagada de actos autoritarios, y en consecuencia se postulan como garantía frente a los abusos de autoridad para proteger la autonomía del elector y su participación en el proceso electoral.

El orden público, entonces, protege el derecho a elegir y a ser elegido, derecho humano sobre el que se asientan los pilares mismos de la República. Por ello no es casual que los partidos políticos, según lo dice nuestra Constitución Nacional, sean instituciones fundamentales del sistema democrático en tanto cumplen, junto con la justicia y otros poderes públicos, el resguardo del ejercicio de este derecho político de elegir y de ser elegido, en orden a las normas en donde el ejercicio de este derecho está claramente legislado.

Luego de este apretado resumen de nociones básicas que necesariamente debemos exponer para anclar el núcleo de nuestra argumentación, focalizaremos nuestro análisis en torno al artículo 5º del decreto 38/2010 del Poder Ejecutivo de Río Negro que establece: “La nominación de las candidaturas es de incumbencia exclusiva de los partidos políticos reconocidos para nominar candidatos para cargos públicos electivos provinciales”.

De su lectura surge inmediatamente una paradoja: la elección que pretende reglamentar el Decreto 38/2010 en modo alguno resulta ser un cargo público electivo provincial, y ni siquiera alcanza la entidad de cargo público electivo en el sentido más estricto. Ello es así puesto que tanto como lo expresa el artículo 3º de la Ley Nº 643, como el artículo 2º del Decreto 662/2010, la designación de este funcionario a cargo de una delegación del Poder Ejecutivo, denominada Comisión de Fomento, continúa siendo una facultad propia del Poder Ejecutivo. Y sigue siendo una facultad propia del Poder Ejecutivo, precisamente porque lo que se elige es un delegado de éste.

La modificación alcanzada con la sanción de la Ley 4439, vale la pena acotar, no implica ni implicó jamás la creación de un nuevo cargo electivo a nivel provincial, ni dotó de una naturaleza institucional distinta a las ya existentes Comisiones de Fomento. Por el contrario: el verdadero alcance que ostenta la sanción de la Ley 4439 se limita simplemente a restringir el ámbito de discrecionalidad del que gozaba el Poder Ejecutivo Provincial a la hora de designar este delegado -llamado Comisionado de Fomento-, relegando el ejercicio de dicha facultad a resultas de la voluntad de los habitantes de los parajes, expresada en forma democrática a través de una elección directa y a simple pluralidad de sufragios -para el caso del Comisionado de Fomento- y mediante el sistema D`Hont, con un piso del cinco por ciento de los votos válidos, para el caso de los vocales titulares y suplentes.

Es decir que lo se modificó es la forma de selección del funcionario dependiente del Poder Ejecutivo pero en modo alguno se creó un nuevo cargo público electivo en sentido estricto. Simplemente –y con buen criterio- se entendió que lo que hasta ayer se elegía a dedo, a partir de ésta modificación requerirá –previamente- de una consulta democrática de los habitantes que habitan nuestros parajes.

Esta disquisición no es menor, ni reporta un interés meramente teórico, sino que por el contrario sus alcances prácticos inmediatos nos dan muestras acabadas de la improcedencia del criterio preceptuado en el artículo 5º del decreto 38/2010.

Con muy poco esfuerzo se puede advertir el grado de incongruencia que implicaría que en uno de estos parajes resultara elegido un ciudadano que en representación del partido “x” pretenda impulsar una serie de medidas -plasmadas oportunamente en la plataforma electoral de su agrupación política- inversamente opuestas a las pretendidas por el partido del Gobernador de la Provincia del que será, y reiteramos aquí la paradoja, su delegado.

Estos argumentos motivaron que mi partido efectuara ante la justicia de Río Negro un pedido de nulidad del artículo 5º del Decreto 38/2010 pues -y personalmente lo sostuvimos luego de aprobada la modificación a la ley de Comisiones de Fomento que envió a la Legislatura el Gobernador con acuerdo de Ministros- es imposible que los partidos puedan actuar en ese marco, cuestión que no consideramos jamás como un hecho negativo en tanto vimos que el movimiento de vecinos de los distintos parajes era transversal a los partidos políticos y que la comunión de problemas era el principal factor que los vinculaba en la búsqueda de democratizar el desenvolvimiento de dichas comisiones. Por eso, desde un primer momento, expresamos que lo más conveniente era incorporar en el decreto reglamentario un sistema similar al que rige en los municipios para la elección de juntas vecinales. Primó, lamentablemente, la búsqueda de partidizar una elección para quebrantar el movimiento de vecinos autoconvocados, a costa, debemos subrayarlo, de forzar nuestro ordenamiento jurídico como estamos seguros que ha sucedido en la reglamentación de la ley 4439.

Autor: Legislador PJ Pedro Pesatti