web analytics
Noticias de Río Negro y Neuquén

Consejo Directivo analizará hoy denuncia contra docente de la UNCo

Compartir Nota

El consejo Directivo de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UNCo tiene previsto analizar en la reunión ordinaria de hoy las denuncias por “actitudes impropias”  para un docente, presentadas contra el profesor  de locución Patricio Orlando. 

Fuente: ADN

 

Según  la resolución Nº 289, del 3 de agosto pasado, el decano   de la  Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Omar Rubén Jurgeit, resolvió  “disponer la acumulación de las actuaciones nota N° 0265/10 “I” “Franco Pablo Andres s/Denuncia” y la nota N° 0368/10 “E” “Corbeletto Nehuen y Trifogli Virginia s/Denuncia” y elevar las actuaciones al Consejo Directivo a fin de que se expida conforme el Art. 21° de la Ord. 597,  y oportunamente conforme Art. 25°;

 En los fundamentos de la resolución, Jurgeit, dice que “atendiendo a la gravedad de los hechos planteados en las denuncias, y a la negativa formulada por el docente en su descargo, es de mi convencimiento que no existen elementos de prueba suficientes en esta instancia para sobreseer al docente denunciado ni aplicar la sanción menor para la cual me encuentro facultado (llamado de atención)”.

 Explicó que “adoptar alguna de estas decisiones podría significar ya sea desatender obligaciones funcionales derivadas del Art. 125, Incs. d) g) y h) del Estatuto de la Universidad Nacional del Comahue, o bien afectar el principio de inocencia, el derecho de defensa del imputado y el derecho a un debido proceso objetivo. Ello, toda vez que el artículo 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que “toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad”. 

Dijo que “tal principio reconocido como uno de los más importantes del ordenamiento jurídico, opera en forma expresa a través de la incorporación de las prescripciones del Pacto de San José de Costa Rica al plexo constitucional (art. 75, inc. 22 de la Const. Nacional)” 

Explicó que “en cualquier materia, inclusive en la laboral y la administrativa, la discrecionalidad de la administración tiene límites infranqueables, siendo uno de ellos el respeto de los derechos humanos”.

 “Que es importante que la actuación de la administración se encuentre regulada, y ésta no puede invocar el orden público para reducir discrecionalmente las garantías de los administrados, como podría ser dictar actos administrativos sancionatorios sin otorgar a los sancionados la garantía del debido proceso”, aseveró.

Opinó que “es un derecho humano el obtener todas las garantías que permitan alcanzar decisiones justas, no estando la administración excluida de cumplir con ese deber” y  que las garantías mínimas deben respetarse en el procedimiento administrativo y en cualquier otro procedimiento cuya decisión pueda afectar el derecho de las personas, ya sea para aplicar una sanción ajustada con toda rigurosidad a la gravedad de la falta, así como también para eximir de toda responsabilidad al docente imputado si este fuera el caso”.

 Para el decano “no existe mejor camino (a mi juicio)  que la instrucción de un Sumario Administrativo, donde puede sustanciarse la prueba ofrecida”

Fuente: ADN